¿Hasta dónde llega la autonomía de una federación para imponer sanciones disciplinarias deportivas? ¿Puede un ordenamiento nacional impedir que los tribunales ordinarios suspendan o anulen una sanción federativa?
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acaba de pronunciarse sobre estas cuestiones en su sentencia de 16 de julio de 2026, asuntos acumulados C-424/24 y C-425/24, ZD y MI contra FIGC y otros.
La resolución resulta especialmente relevante para abogados deportivos porque vuelve a colocar en primer plano una cuestión esencial: la autonomía del deporte no excluye la aplicación del Derecho de la Unión Europea ni el derecho a una tutela judicial efectiva.
¿Qué ocurrió en el caso ZD y MI contra la FIGC?
El litigio tiene su origen en Italia y afecta a dos antiguos directivos de un club de fútbol profesional.
La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) les impuso sanciones que implicaban una prohibición temporal de ejercer determinadas actividades profesionales en el ámbito deportivo.
Las sanciones estaban relacionadas con infracciones consistentes en efectuar o aprobar declaraciones financieras y contables falsas.El problema jurídico iba, sin embargo, mucho más allá del expediente disciplinario concreto.
El TJUE debía analizar hasta qué punto una sanción adoptada dentro del sistema de justicia deportiva puede afectar a derechos protegidos por el ordenamiento europeo y, especialmente, qué tipo de control judicial debe existir sobre esas decisiones.
Aquí entran en juego, entre otros, los artículos 45 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea —libre circulación de trabajadores y libre prestación de servicios— y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, relativo al derecho a la tutela judicial efectiva.
¿Puede una federación deportiva limitar el ejercicio profesional?
Sí, pero no de cualquier manera.
El TJUE reconoce que garantizar la regularidad de las competiciones deportivas puede constituir un objetivo legítimo de interés general. Esto permite que las organizaciones deportivas establezcan normas disciplinarias y sancionen determinadas conductas.
Ahora bien, cuando una sanción supone una restricción a libertades reconocidas por el Derecho de la Unión, su justificación no puede darse automáticamente por supuesta.La sentencia exige prestar atención al principio de proporcionalidad y a las condiciones utilizadas para determinar las sanciones.
Los criterios aplicados deben ser transparentes, objetivos, no discriminatorios, proporcionados y susceptibles de control.Este punto tiene una consecuencia práctica importante.En un procedimiento disciplinario deportivo no basta con analizar si la federación tiene formalmente potestad sancionadora.
El abogado debe examinar también la configuración de la infracción, los criterios empleados para determinar la sanción, sus efectos profesionales y la proporcionalidad de la medida adoptada.
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El verdadero problema: ¿quién controla las sanciones disciplinarias deportivas?
Uno de los aspectos más interesantes del asunto es el funcionamiento del sistema italiano de justicia deportiva.
La cuestión planteada al TJUE afectaba a una normativa nacional en virtud de la cual el órgano jurisdiccional competente podía controlar incidentalmente la legalidad de determinadas sanciones y reconocer una indemnización, pero no necesariamente anularlas o suspenderlas.
Esto plantea un problema evidente cuando la sanción produce efectos profesionales inmediatos.Imaginemos que un directivo es inhabilitado durante varios meses.
Si el tribunal termina concluyendo posteriormente que existió una irregularidad, una indemnización económica puede no reparar completamente el perjuicio sufrido: durante ese tiempo, la persona ya habrá estado apartada de su actividad.Por eso, la sentencia obliga a analizar si el sistema ofrece realmente una tutela judicial efectiva.
¿Significa esto que los tribunales ordinarios siempre deben poder anular una sanción deportiva?
No necesariamente.
Aquí conviene evitar una interpretación excesivamente amplia de la sentencia. El TJUE señala que debe comprobarse si los órganos que intervienen en las distintas instancias de la justicia deportiva cumplen las exigencias necesarias para poder ser considerados órganos jurisdiccionales conforme al Derecho de la Unión.
Entre otras cuestiones, cobra importancia su independencia frente a posibles intervenciones, presiones o influencias externas. Si al menos el órgano deportivo que resuelve en última instancia reúne las condiciones exigidas por el Derecho europeo, podría existir ya un recurso capaz de garantizar la tutela judicial efectiva. Si no las reúne, el órgano jurisdiccional estatal competente debe poder ejercer un control judicial efectivo sobre la sanción.
Por tanto, la clave no es simplemente enfrentar “justicia deportiva contra justicia ordinaria”. La pregunta correcta es otra: ¿dispone la persona sancionada de un mecanismo verdaderamente independiente y efectivo para controlar la decisión?
Qué debe revisar un abogado ante una sanción federativa
La sentencia ofrece una metodología especialmente útil para la práctica profesional.
Ante una sanción disciplinaria deportiva, el análisis jurídico debería comenzar identificando la norma federativa aplicada y la competencia del órgano sancionador. Después habrá que estudiar el procedimiento seguido, las garantías del afectado y la motivación de la resolución.Pero el trabajo no termina ahí.
También resulta necesario valorar la proporcionalidad de la sanción, sus efectos sobre la actividad profesional y la existencia de criterios objetivos y controlables para determinarla.
Finalmente, habrá que estudiar cuidadosamente el sistema de recursos disponible: órganos federativos, tribunales arbitrales o deportivos y, cuando corresponda, órganos jurisdiccionales estatales.
Una nueva muestra de la europeización del Derecho Deportivo
La sentencia de 16 de julio de 2026 se integra en una evolución cada vez más evidente: las decisiones de federaciones y organizaciones deportivas no funcionan en un espacio jurídicamente aislado.
Cuando la regulación deportiva afecta a una actividad económica o profesional, pueden entrar en juego las libertades del mercado interior, el Derecho de la competencia y los derechos fundamentales reconocidos por el ordenamiento europeo.Para el abogado deportivo, esto cambia la forma de estudiar un expediente.
Ya no basta con conocer el reglamento de una federación. Es necesario comprender cómo interactúan las normas deportivas con el Derecho estatal y europeo, identificar correctamente la vía de impugnación y construir una estrategia procesal adecuada.
Precisamente ahí se encuentra una de las áreas de mayor especialización del Derecho Deportivo actual: convertir el conocimiento de la normativa deportiva en capacidad para resolver casos reales.
Por ello, quienes quieran especializarse profesionalmente en esta materia pueden ampliar su formación a través del Máster en Derecho Deportivo de La Academia MSR, donde se abordan de forma práctica las principales instituciones, normas y mecanismos de resolución de conflictos del sector.
